Uruapan, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso contra cuatro hombres, presuntos responsables en los delitos de Secuestro Agravado y Desaparición Cometida por Particulares, perpetrados contra el abogado Noé Godínez Arredondo y tres hombres, respectivamente.
De las investigaciones se desprende que, el pasado 18 de mayo, el profesionista se encontraba en un taller mecánico ubicado en la colonia Santa Rosa, acompañado por Mario R., Raúl M., y Jonathan Raúl M., cuando fueron sorprendidos por los investigados, quienes irrumpieron en el sitio y los amagaron con armas de fuego para obligarlos a subir a dos camionetas –una de ellas de la marca Jeep, Liberty, color gris, propiedad de Noé Godínez Arredondo-, en las que fueron privados de su libertad.
En momentos distintos, familiares de las víctimas presentaron la denuncia por la desaparición de los agraviados, por lo que la Fiscalía Regional de Uruapan, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, activó el mecanismo de búsqueda.
Fue alrededor de las 20:25 horas del pasado martes 24 de mayo, cuando la tríada investigadora recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo, mismo que fue localizado sin vida sobre la calle Cometa, en la colonia Observatorio.
Una vez que se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, se pudo determinar que las características de la víctima correspondían a Noé Godínez Arredondo, quien el pasado 18 de mayo fue reportado desaparecido.
Luego de reunir datos de prueba de su posible participación en los hechos, el Ministerio Público solicitó orden de aprensión contra Juan Carlos “N”, Juan José “N”, Adalberto “N”, y Javier “N”, quienes fueron detenidos durante un operativo.
En audiencia los investigados fueron presentados ante el órgano jurisdiccional que resolvió vincularlos a proceso, al existir elementos concluyentes de su posible participación en los hechos, por lo que estableció prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y seis meses para el cierre de la investigación.
La FGE ratifica su compromiso de llevar ante los tribunales a toda persona que, con sus actos, atente contra la vida de las y los michoacanos.
