En Michoacán resulta urgente establecer en nuestro marco legal, mayores controles o sanciones para obligar el cumplimiento de obras que se realizan, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro lamentó que cuando una gran obra de infraestructura se edifica en México, la experiencia lleva a tener dudas sobre si realmente se concluirá o si el costo prometido por el gobierno y las empresas será cumplido.
“La planeación y la tramitología han convertido a los proyectos del sector en promesas de cristal, las preguntas surgen de ver, al paso de los gobiernos, proyectos anunciados con bombo y platillo pero que, finalmente, su desarrollo quedó muy lejos del esperado”.
La integrante de la Representación Parlamentaria, apuntó que ejemplo claro de lo anterior son las obras que se realizan sobre los distribuidores viales que, han paralizado el tráfico y ocasionado caos.
“La realidad es que transitar Morelia últimamente se ha convertido en una verdadera odisea. Cuando no son obras, son manifestaciones o accidentes; los habitantes de la ciudad se han quejado por todos los medios disponibles a su alcance, pero el problema continúa, trabajadores, alumnos, empresas, padres de familia, negocios, transportistas, todos sufrimos las consecuencias”.
Frente a tal situación recordó que promovió ante el Congreso, una reforma de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado, con la intención de que sea obligatoria que en la licitación pública para la realización de obra pública, se deba establecer desde la misma convocatoria que habrá sanciones si no se cumple con el plazo y fecha determinada, y se establecen las penas por retrasos en el cumplimiento del programa de obra.
