Tras la desaparición del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (IMAIP) el pasado 13 de diciembre, la contralora del gobierno estatal, Azucena Marín Correa afirmó que la Secretaría de la Contraloría a su cargo ya asumió la obligación de vigilar que los sujetos obligados del Ejecutivo transparenten su información, mientras que los datos personales son de competencia federal.
De acuerdo a la reforma constitucional que aprobó el Congreso del estado el pasado 13 de diciembre, la dependencia de Control Interno y de Transparencia del Poder Ejecutivo asumirá las funciones del IMAIP, así como los recursos materiales, registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos en su poder.
En el caso de la Contraloría, Marín Correa informó que son alrededor de 80 sujetos obligados a los que se supervisaba desde antes y han “salido muy bien evaluados”, pero analizan ampliar algunas áreas para asumir esta nueva responsabilidad.
“Ya hacemos el seguimiento de todos los sujetos obligados del Ejecutivo, o sea, nosotros revisamos periódicamente que se esté cumpliendo con la información, nosotros esto ya lo hacíamos, quiero también comentarles que en las revisiones que nos hacen salimos muy bien evaluados, estamos al corriente, entonces la capacidad la tenemos, seguramente vamos a tener que ampliar algunas áreas”.
La funcionaria informó además que cada uno de los poderes, organismos autónomos, entes públicos estatales y municipales “tendrán órganos internos de control y transparencia” que asumirán la responsabilidad en esta materia.
Precisó que en el caso del Sistema Estatal Anticorrupción aún se espera la determinación que se tome a nivel nacional para actuar en consecuencia.
“Todavía no hay ninguna indicación respecto al sistema estatal anticorrupción ni al nacional, estamos esperando todavía en ese tema”.
El pasado 2 de diciembre del 2024, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la desaparición inmediata del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a al Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), así como del Sistema Estatal Anticorrupción, como consecuencia de las reformas constitucionales federales que aprobaron la Cámara de Diputados y el Senado de la República para extinguir 7 organismos autónomos y reguladores.
Sin embargo, al momento no se ha presentado ninguna iniciativa al respecto.
