Morelia, Michoacán.— La presidenta del Tribunal Electoral del estado de Michoacán (TEEM), Amelí Gissel Navarro Lepe, advirtió que la elección del Poder Judicial dejó al descubierto vacíos legales que afectaron la certeza jurídica y el acceso pleno a la justicia, luego de que diversos juicios ciudadanos fueran desechados por falta de claridad en los plazos de impugnación.
Al hacer un balance de los asuntos atendidos este año, la magistrada informó que el Tribunal acumuló 357 expedientes, de los cuales 259 correspondieron a Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC). Precisó que 40 juicios estuvieron relacionados directamente con la elección judicial, una cifra considerablemente menor si se compara con procesos de elección de ayuntamientos o diputaciones.
Navarro Lepe explicó que al menos cinco juicios fueron desechados por haberse presentado fuera de tiempo, debido a que la ley no establecía con claridad desde qué momento debía contarse el plazo para impugnar, si a partir de la jornada electoral o desde la entrega de la constancia de mayoría a la persona ganadora.
“La ciudadanía tiene derecho a saber con certeza cuándo puede impugnar. En esta elección judicial hubo confusión normativa, y eso derivó en que algunos asuntos no se resolvieran de fondo”, señaló.
La presidenta del TEEM subrayó que todas las etapas del proceso electoral deben ser impugnables, incluyendo las decisiones de los comités de selección de candidaturas judiciales, donde también se presentaron inconformidades que, en algunos casos, no pudieron analizarse por haber concluido los plazos.
Recordó que, si bien una de las impugnaciones por extemporaneidad fue retomada por una instancia superior para su análisis de fondo, este escenario evidenció la necesidad de armonizar criterios y fortalecer la legislación en materia de justicia electoral judicial.
Navarro Lepe adelantó que desde el ámbito jurisdiccional se harán observaciones técnicas al Poder Legislativo para que se revise la normativa que regula la elección del Poder Judicial en Michoacán, con el objetivo de garantizar reglas claras, certeza jurídica y un acceso real a la justicia para quienes participen en futuros procesos.
Reiteró que el Tribunal debe privilegiar siempre el derecho de la ciudadanía a ser escuchada: “El mínimo derecho es que su demanda sea admitida y resuelta con argumentos de fondo, no sólo por cuestiones de forma”.
