Solo dos empresarios han presentado denuncia ante la Fiscalía General del estado (FGE) por las afectaciones que sufrieron durante la manifestación de comuneros de Arantepakua en la capital michoacana el pasado lunes 6 de abril, que dejó como saldo 8 vehículos siniestrados, así como daños en comercios y edificios gubernamentales.
El Fiscal Carlos Torres Piña informó que se reunirá con los afectados la siguiente semana, pero aclaró que se han implementado alertas para evitar que vehículos transiten por las zonas donde se desarrollan este tipo de protestas y anticiparse a los hechos.
“Hasta el día de ayer fueron dos empresas las que hicieron las denuncias, tenemos reunión con ellos el lunes martes por otros hechos que también han estado pidiendo se puedan atender. Es importante, como lo hemos manifestado con ellos, que cuando se susciten ciertas cosas, hay momentos en que se mandan alertas por parte de la Guardia Civil, de Protección Civil, nosotros también hemos empezado a hacerlo para evitar que transiten ciertos vehículos en diferente tipo de actividades”.
A pregunta expresa sobre “los desmanes” que se cometieron durante la marcha en Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez consideró “muy delicado” lo ocurrido en la comunidad de Arantepakjua en 2017; señaló que la incursión policial dejó como saldo 4 comuneros fallecidos y detenidos que fueron torturados, por lo que se emitió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que debe atenderse.
Señaló que por ello, ha participado en varios encuentros con los representantes de las víctimas y de la propia comunidad.
“Es un tema muy delicado porque en 2017 hubo cuatro muertos, hubo detenidos que fueron torturados y hay una recomendación vigente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tenemos que cumplir. Esto es algo que ocurrió muy lamentable en 2017 y que tenemos que atender durante todo el tiempo que sea necesario. Se mantienen reuniones permanentes, constantes.”
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor explicó que la manifestación se realizó como cada año, por el aniversario de la incursión policial a la comunidad, pero aclaró que ahora se solicitó al Poder Judicial del estado certeza de que se cumplimentarán las 16 órdenes de aprehensión que se emitieron contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros 15 exservidores públicos.
