A sólo dos días de que el Congreso de Michoacán vote la designación de cuatro de los cinco integrantes del nuevo Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del estado, que sustituirá al Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM), la presidenta de dicho organismo, Lizett Puebla Solórzano informó que el pleno determinará la liquidación del personal y magistrados conforme al presupuesto y los amparos en proceso.
En entrevista, precisó que no hay plazo, por lo que la fecha para hacerlo será cuando el pleno lo determine.
“Definitivamente que esos temas tienen que revisarse conforme a los presupuestos, es muy importante ahí tener mucha sensibilidad en ese tema. (…) En cuando el pleno lo determine, no hay plazo.”
De acuerdo a la información oficial que difunde el Tribunal de Justicia Administrativa, cada uno de los magistrados tiene un salario mensual de 153 mil 905 pesos, del que reciben netos 89 mil 284 pesos.
A partir de esos ingresos y del que tenga el resto del personal, el decreto de creación del Tribunal en materia Anticorrupción señala que el pleno “deberá de emitir un programa de liquidación conforme al cual se realizarán las indemnizaciones correspondientes, tomando en consideración el tiempo restante de cada Magistrado, y de acuerdo a la suficiencia presupuestal con la que cuente el órgano constitucional autónomo”.
La magistrada explicó que también deberán tomarse en cuenta los amparos que están en proceso, luego de que Sergio Mecino Morales y Jesús Sierra Arias se inconformaron con la negativa del Congreso del estado a autorizar su reelección, sin embargo, no explicó cuál sería la implicación de la liquidación con este proceso jurídico.
“Lo que sucede es que en el tema presupuestal también está en revisión por el tema de amparos, no me gustaría profundizar tanto en el tema, porque hay amparos”, afirmó.
Lizett Puebla reconoció finalmente que aspira a ser reelecta como magistrada, por lo que inscribió en una de las convocatorias que abrió el Congreso local, a principios de febrero.
