Morelia, Michoacán.- Las kuárichas, o rondas comunitarias, en Ocumicho, Santa Fe de la Laguna y Sicuicho están en riesgo ante la capacidad del crimen organizado,
mientras que el gobierno del estado sigue sin enviar destacamentos de apoyo ni acelerar el proceso de equipamiento, aunque el 80 por ciento de las 38 rondas legalmente reconocidas en el estado carecen de armamento, capacitación y certificación.
Pavel Uliánov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), relató que en las últimas semanas la ronda de Ocumicho ha recibido amenazas, pero los elementos de la de Santa Fe ya fueron golpeados y desarmados por presuntas organizaciones delincuenciales, sin que la administración estatal haya enviado los apoyos comprometidos.
En Sicuicho, la única de las tres con permiso de portación de armas, hubo destacamento de apoyo por algunos meses, luego de que la comunidad levantara barricadas en defensa de su territorio, pero después “se volvieron a replegar”, por lo que se encuentra también vulnerable.
“Entonces, son los tres que recuerdo que hay foco rojo, en las comunidades donde hay problemas directamente con las rondas, que han sido amenazados”.
Pese a que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció la necesidad de agilizar los procesos de capacitación, certificación y equipamiento de las rondas comunitarias, los procedimientos van “a paso de tortuga”, expresó el vocero indígena.
“Sí, continúa todavía muy lento el proceso de certificación y capacitación, son alrededor de siete las que ya están armadas y las que están certificadas, pero todavía faltan la mayoría, son 38 legalmente reconocidas, y dos de facto, que es Nurío y Ostula, entonces, a la actualidad, más del 80 por ciento todavía continúan sin armamento, y sin capacitación y certificación, va a paso de tortuga”.
Señaló que el propio gobernador reconoció que esta situación responde a la falta de capacidad operativa de la SSP, pero consideró que la falta de voluntad política del mandatario que se rehúsa a a llevar a cabo las capacitaciones en las comunidades, en lugar de pedirles a que cambien su residencia durante un año para poder cursar en la academia de policías, en procesos que, además, no integran las cosmovisiones indígenas.
