Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la iniciativa “3 de 3 contra la violencia de género: no más políticos agresores, acosadores sexuales y deudores de pensión alimenticia al poder”, la secretaria de Igualdad Sustantiva del estado (SEIMUJER), Nuria Hernández Abarca, reconoció que aunque esta problemática social se replica en todos los sectores de la sociedad, se requiere reforzar la legislación para evitar que aspirantes y políticos agresores de las mujeres ocupen espacios públicos en las administraciones estatales y municipales.
Señaló que se trabajará en la ruta jurídica para presentar a los diputados locales la iniciativa que impulsó el colectivo Las Constituyentes, para que las próximas elecciones se lleven a cabo con condiciones de igualdad.
“Estamos pronunciándonos para que estas acciones afirmativas sigan llevándose a cabo, allanen el camino para unas elecciones totalmente libres de violencia y condiciones de igualdad. El observatorio y la Secretaría de Igualdad sustantiva nos pronunciamos por más y contundentes acciones de esta naturaleza, desde Michoacán con el acompañamiento del colectivo Las Constituyentes seguiremos caminando para poder generar los mecanismos desde Michoacán para que esta misma iniciativa sea aplicada en la contienda electoral del estado”.
La representante del colectivo “Las Constituyentes”, Yndira Sandoval, destacó que, con la aprobación de la iniciativa, se pretende incorporarla en los lineamientos de registro de candidatos para garantizar que ninguno de los contendientes tenga sanciones o sentencias por delitos de violencia familiar, sexual o política, además de que se aplique la paridad en la designación de espacios.
Este proceso obligará a los partidos políticos a revisar los expedientes de sus aspirantes para que no tengan antecedentes de violencia de género.
Yndira Sandoval, recordó que la propuesta se presentó desde el 2018 como una estrategia para que los acosadores y generadores de violencia contra las mujeres no tengan participación en procesos de elección popular.
Finalmente, reconocieron dicha aprobación como un acto de voluntad política, de empatía y un avance para limpiar a las instituciones.
