Tras la última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó no invalidar la Ley Orgánica Municipal del estado ni el Reglamento de Instituto Electoral de Michoacán (IEM), como exigían los municipios de Zitácuaro y Erongarícuaro en sus controversias constitucionales al argumentar que no fueron consultadas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consideró esto garantiza que tendrán plena validez las consultas que se apliquen en las comunidades indígenas respecto al autogobierno y a la administración de sus recursos presupuestales de manera directa y autónoma.
Luego de que el pleno judicial determinó un plazo máximo de 3 meses para resolver de fondo las controversias, el mandatario consideró que la resolución lleva a que la autodeterminación de los pueblos indígenas sí sea una realidad y pueda consultar a las 126 tenencias indígenas validadas como tal en el estado.
“Hoy son 38 comunidades y estoy seguro que con esta certeza que nos dio ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto va a acelerar los procesos de autodeterminación, de consultas”.
El mandatario michoacano reconoció al IEM y a la Suprema Corte su apoyo en este tema, que se logró por 6 votos de ministros que se pronunciaron en contra de invalidar la ley, al señalar que la Cuarta Transformación no está en contra de las instituciones sino a favor de las que apoyan al pueblo.
“En la Cuarta Transformación no estamos en contra de las instituciones, estamos a favor de las instituciones que sirven al pueblo y el Instituto Electoral de Michoacán, por supuesto que su principal objetivo es organizar las elecciones constitucionales, pero también tiene el objetivo que la democracia se amplíe y hoy tenemos un IEM que hace eso y aquí lo vemos de manera concreta, en la consulta a las comunidades”
En conferencia de prensa, el subsecretario de Enlace Legislativo, Humberto Urquiza Martínez informó que el largo proceso judicial incluyó la reunión de Ramírez Bedolla con 9 de los 11 ministros que integran la corte, así como un “amicus curiae” que promovieron 30 de las 38 comunidades con autogobierno, que al no ser consideradas parte de la controversia, utilizaron este recurso legal para comprobar que sí fueron consultadas.
