Con la finalidad de que a todos los servidores públicos se les practique de manera obligatoria un examen médico que deberá incluir un examen psicológico y toxicológico cada seis meses, el diputado Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
A través de un comunicado, el legislador del Partido del Trabajo (PT), señaló que esto se presenta en razón de que a todos los servidores públicos se les exija una mayor moral administrativa, para prevenir conductas que afecten la ética y el interés general de las y los ciudadanos o que en el ejercicio de sus funciones por el consumo de sustancias prohibidas y que se ponga en riesgo la integridad de las personas.
“En Michoacán, los servidores públicos o funcionarios públicos, por lo general prestan servicios al Estado a través de instituciones estatales como: hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad, por mencionar algunas y son los encargados de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad, debiendo realizar sus tareas de la mejor manera con la finalidad de generar bienestar entre la sociedad”, agregó.
El diputado local por el distrito de Tarímbaro, manifestó que en esta reforma también se incluye la sanción, es decir que, si derivado del resultado del examen psicológico y/o del examen toxicológico se detecten problemas psicológicos, así como el uso y consumo de sustancias prohibidas, la sentencia ejecutoriada será imponer al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo.
“Los servidores y funcionarios públicos tienen un deber con la sociedad que les impide poner en potencial riesgo el interés general de los ciudadanos, es por ello que propongo esta iniciativa, pues consideró indispensable que a todos los servidores públicos cada seis meses se les practique de manera obligatoria un examen médico que deberá incluir un examen psicológico y toxicológico, ello en razón de que a todos los servidores públicos se les debe exigir una mayor moral administrativa”, concluyó el legislador petista en su exposición de motivos.
