Morelia, Mich..-El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, reconoció que el proceso electoral en el municipio de Uruapan podría escalar a los tribunales debido a las denuncias que han surgido en torno a la elección de jueces y magistrados.
“Es posible que este tema incluso se vaya a judicializar”, afirmó el titular del IEM al referirse a los señalamientos que han comenzado a circular tanto en medios de comunicación como en redes sociales, así como a las quejas formales ya en trámite, donde se acusa la presunta utilización de recursos públicos para favorecer a ciertos candidatos.
“Entonces o sea a lo que voy es que al final pues Uruapan implica y supone una competencia, los que se han estado haciendo de injerencias bueno, pues creo que ese es otro tema y eso se tendrá que dilucidar. Y ellos como candidatos a jueces saben perfectamente que las cosas se dilucidan a través de procedimientos, a través de pruebas y no solamente de señalamientos en ese sentido. Entonces, es posible que seguramente este tema incluso se vaya a judicializar Uruapan”, dijo en entrevista.
Hurtado Gómez explicó que no han detectado intentos de interponer denuncias en juzgados civiles, algo inusual en la materia electoral, pero reconoció que existe un ambiente de competencia atípica, sin divisiones ideológicas claras, pero con evidentes tensiones por parte de algunos aspirantes.
El presidente del IEM también subrayó la importancia de presentar pruebas fehacientes y no solo señalamientos o rumores. Recordó que, como en el derecho penal, el derecho administrativo electoral exige evidencia concreta: “Pruébamelo con una confesión, con una prueba documental, no con dichos o capturas de WhatsApp”.
Asimismo, cuestionó la ética y legalidad de ofrecer recompensas económicas a cambio de pruebas, como se ha reportado en ese municipio. “Me preocupa de dónde van a salir esos 20 mil pesos, quién los financia y si las pruebas obtenidas bajo ese esquema serían válidas en tribunales”, advirtió.
Finalmente, Hurtado llamó a actuar con responsabilidad y a no confundir estrategias jurídicas con intentos de manipular el proceso. “No todo es ilegal, pero sí hay prácticas que deben alertarnos. El equilibrio del proceso está en juego y hay que cuidar su legitimidad”, concluyó.
