Morelia, Mich,.- El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, confirmó que la administración estatal presentó tres denuncias por los daños causados en Casa de Gobierno durante una protesta realizada por habitantes de la comunidad de Arantepacua, el pasado 26 de mayo, que exigían cumplimiento a compromisos previos, incluidos temas de infraestructura y reparación del daño por hechos de 2017.
En entrevista, explicó que las denuncias fueron interpuestas por la Consejería Jurídica, debido a los destrozos ocasionados durante la manifestación en Casa Michoacán, donde fueron derribados las dos rejas de acceso
“No hay impunidad. La Consejería hizo lo propio y se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía”, aseguró el funcionario, al rechazar que el gobierno actúe con permisividad frente a algunas expresiones de protesta violenta.
Torres Piña señaló que una de las principales inconformidades de los habitantes de Arantepacua fue la suspensión de la obra del hospital comunitario, cuyo contrato fue rescindido debido al incumplimiento de la empresa constructora. La obra lleva detenida entre tres y cuatro meses, situación que reconoció generó molestia en la comunidad.
“Se dejó de trabajar en la obra porque la empresa no cumplió con las expectativas ni con el contrato”, detalló.
Respecto a las recomendaciones de derechos humanos derivadas del operativo de 2017 en esa comunidad, el secretario indicó que el gobierno estatal está cumpliendo con los requerimientos emitidos por instancias nacionales, y que el caso podría ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Ya se solicitó que la FGR atraiga el caso. Estamos a un 90 o 95 por ciento de cumplimiento de la recomendación”, aseguró.
También informó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ha entregado recursos como parte de la reparación del daño a varios núcleos familiares, aunque los montos y detalles varían según cada caso.
