Con la finalidad de que la mujer michoacana no sea violentada en la política por el género, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Liz Alejandra Hernández Morales, presentó un iniciativa de reforma para que se establezca un procedimiento especial sancionador, ante consejeras del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y representantes del Tribunal Electoral del Estado (TEEM).
Luego de que son 25 legisladoras en el Congreso local, manifestó su preocupación, por lo que se busca que haya una norma que facilite resolver a los órganos sobre el tema y se le dé seguimiento a los casos después del proceso electoral, ya sea por oficio o por queja.
“El objetivo principal de esta iniciativa, es ajustar el código electoral del estado de Michoacán a la Ley General de instituciones y procedimientos electorales, en materia del procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra la mujer en razón de género”.
La diputada local del PAN, detalló que la idea con dicha iniciativa es que las víctimas presenten cualquier tipo de prueba que acredite que se le violentó, ya sean documentales, confesionales, testimoniales, técnicas, presuncionales, instrumentales, y sobre todo periciales.
En este sentido, se busca con ello, ordenar la suspensión temporal del cargo partidista de la persona presuntamente agresora y cualquier otra requerida para la protección de la víctima o quien ella solicite.
Las consejeras del IEM, Viridiana Villaseñor Aguirre y Araceli Gutiérrez Cortés reconocieron y aplaudieron la iniciativa, por lo que refrendaron su compromiso para que se pueda dictaminar en lo próximo, al referir que actualmente son 571 mujeres electas en todo el estado, de las cuales 25 son presidentas municipales, 91 síndicas y 430 regidoras que en su caso, pueden ser violentadas en el ejercicio del encargo.
“Me parece fundamental que en esta iniciativa se establezca el tema de las medidas cautelares, cuándo proceden y en qué tiempo y sobre todo la importancia de dictar una medida cautelar para inhibir la conducta”.
Entre la reparación del daño a la víctima se contempla una indemnización, la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, una disculpa pública y en su caso reubicación del cargo.
