Los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, Anayeli Hernández, y Víctor Manuel Mújica, así como su hija de 12 años edad fueron calcinados vivos, por un problema de préstamo o deuda entre familiares, así lo arrojan las investigaciones de la Fiscalía General del estado, que se dieron a conocer en conferencia de prensa que encabezó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El Fiscal Carlos Torres Piña descartó que el crimen tenga relación con la delincuencia organizada o su actividad profesional como intérpretes o defensores de derechos humanos
“Con base a los actos de investigación realizados hasta este momento no se advierte que este multihomicidio esté vinculado con la delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes o defensores de derechos humanos”, señaló.
Señaló que las primeras entrevistas que hicieron a Alfredo N., el único detenido hasta ese miércoles por el homicidio, dejó en evidencia que el móvil del crimen fue el económico y que el hombre llegó acompañado desde la Ciudad de México.
Confirmó que era primo hermano de una de las víctimas y actuó junto a otras personas, además de que “dejó rastro y huella de su actuación”, por lo que fue localizado fácilmente.
Explicó que en las entrevistas previas a su primera audiencia, fue donde reveló la motivación de lo ocurrido.
“Alfredo N. que es además primo hermano de una de las víctimas y que dentro de las indagaciones y primeras entrevistas que se han hecho de este personaje, todo indica que es un tema de recurso de préstamos entre familiares, el móvil de este lamentable homicidio”
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, llamó a no especular en el tema y pidió esperar a la audiencia del 30 de enero, para conocer más información.
“Es importante no especular, porque la especulación enrarece el clima y también la investigación, ya hay un detenido, se ratifica que es un familiar y hay colaboración de otras personas, que seguramente el día 30 con esta nueva audiencia saldrá a la luz y la Fiscalía estará atenta con ese tema y habrá mayores resultados muy pronto”.
Torres Piña aclaró que “en ningún momento” hubo omisión o retraso en las actuaciones ministeriales y aseguró que se actuó conforme la indicación de las víctimas indirectas, a partir de que se puso la denuncia por su desaparición en los primeros minutos del 17 de enero.
Aseguró que continúa la búsqueda y localización de otros de los probables involucrados, ya que se agotan todas las líneas de investigación.
