Morelia, Michoacán.- La posibilidad de pagar impuestos y derechos en efectivo no es corrupción, sino un derecho de la ciudadanía, declaró Antonio Ferreyra Piñón, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE).
El dirigente expresó su postura cuando hizo uso del micrófono, durante el mitin de una movilización convocada por sindicatos de la Confederación Internacional de Trabajadores de Michoacán (CIT), a la que fue invitado el STASPE.
Antonio Ferreyra aprovechó para refrendar su rechazo a la iniciativa enviada al Congreso del estado por Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración (SFA), para solamente permitir pagos con tarjeta en las oficinas de recaudación.
“Ahorita, nosotros estamos padeciendo, en todas las oficinas recaudadoras del estado, el tema de que el secretario de Finanzas propuso al Congreso que no se recibiera efectivo, como si el recibir efectivo fuera la corrupción, y no un derecho de la ciudadanía”.
Se respaldó en el Artículo 6 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para sostener que el gobierno del estado está obligado a “recibir las monedas que emita la Federación”, y que lo contrario supone prohibir un derecho.
Dijo no haber encontrado las cifras referidas recientemente por Giuliana Bugarini Torres, presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, según la cual el 90 por ciento de los adultos cuenta con una tarjeta, argumento con el que defiende la bancarización.
En cambio, sostuvo el líder del STASPE, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera refiere que apenas el 46 por ciento de la población mayor de edad accede a este tipo de servicios financieros, por lo que resultaría una política exlcuyente.
Añadió que “curiosamente”, “una diputada de La Piedad”, cuyo nombre no refirió, acusó corrupción en el STASPE, olvidando que “su hermana es sindicalizada”, y le recordó que el gremo “la apoyó” en su momento “para que no saliera perjudicada”.
Por último, anunció que interpondrá una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Finanzas, el de Gobierno, Carlos Torres Piña, entre otras autoridades.
