Sin el aplauso del presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Jorge Reséndiz García, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó el decreto de Reforma Judicial de Michoacán para su promulgación en el Periódico Oficial del estado, que entrará en vigor este jueves 14 de noviembre.
En el evento público, el mandatario estatal reiteró que Michoacán fue el primero en “homologar” la Reforma Federal en la Constitución estatal, para establecer la elección de jueces y magistrados por el voto de ciudadanas y ciudadanos, tras entablar diálogo con el Poder Judicial como el Legislativo.
Afirmó que no hay otra intención que democratizar este Poder que no se había transformado desde el porfiriato, al garantizar que la elección será transparente y bien estructurada.
“No hay otra intención de esta Reforma que democratizar el tercer poder el Judicial, era el único que había estado intocado en la época democrática que vive México, ahora está en transformación y lo vamos a hacer bien, miren cada Poder, porque es falso que el gobernador o la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a designar no.”
En Palacio de Gobierno, ante diputados, funcionarios y representantes de todos los sectores, aseguró que se respetará la carrera judicial hasta nivel de secretario de acuerdos, pero consideró que se requiere valentía para someterse al escrutinio popular.
“Si bien hay magistrados y jueces que no están o no tienen el perfil como dijo el doctor Reséndiz, para ir a una elección constitucional democrática, seguramente habrá otros que digan sí, también voy al escrutinio del pueblo y voy a una elección democrática, no es paso sencillo, se requiere mucho arrojo y perfil, respetamos a quienes no tienen esa concepción y tendrán un retiro digno para su carrera”.
Aseguró que con el aval del Poder Judicial, acercaron la justicia al interior del estado, ya que los magistrados integrantes tenían la sede en Morelia y resultaba “muy caro” trasladarse, pero ahora se contemplan salas colegiadas descentralizadas en 5 municipios
Recordó que la Reforma Judicial es parte del Plan Morelos, que considera políticas de Estado, donde incluyó la iniciativa para dar autonomía plena a la Casa de Hidalgo y la modificación al Código Penal para legalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, que ya fue aprobada.
