Cerca de una tercera parte de los 113 gobiernos municipales de Michoacán no podrán acceder en 2024 a los 876 millones de pesos que se asignaron al Fondo de Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ) debido a que no están al corriente en el pago del Impuesto a la Nómina.
El integrante de la comisión de Hacienda en el Congreso del estado, Hugo Anaya Ávila recordó que los recursos que se destinan a esta bolsa se integran con el 1% de la recaudación de dicho impuesto que es del 3%, por lo que se consideró que no era “coherente” que se beneficiara a municipios que no cumplieran con esta obligación.
“Sí se puso una cláusula y nosotros lo apoyamos, es que aquellos municipios que no paguen su Impuesto Sobre la Nómina no van a entrar al FORTAPAZ y me parece bastante coherente hacerlo porque si está fondeado de ese recurso y tú no lo das entonces pues sería injusto que a ti te regresen recursos de ese programa, de una parte que tú no das para que se fondee”.
Recordó que, a diferencia del 2022, en que los municipios tenían que aportar 30% de los recursos, en esta ocasión FORTAPAZ los ayuntamientos no deben poner contraparte y todo el presupuesto será estatal.
Precisó que esto ayuda a los gobiernos locales, ya que no quedarán fuera ante la falta de recursos propios para poner “la contraparte”.
El legislador panista aseguró que desecharon otra propuesta de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que el gobierno estatal proponía que el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) también estuviera condicionado al pago del Impuesto sobre la Nómina, pero lo consideraron injusto, al señalar que no tenía nada que ver este gravamen con el FAEISPUM.
De acuerdo al Presupuesto de Egresos del estado para el siguiente año, el monto que se considera para el FORTAPAZ representa un incremento del 8% respecto al 2023 y las reglas de operación deben publicarse durante enero del 2024.
El Fondo tiene como objetivo “incrementar el Estado de Fuerza de los Municipios y Comunidades Indígenas con autogobierno que ejerzan su presupuesto directo, a fin de aumentar el número de elementos operativos en activo con los que deben contar los cuerpos policiales; así como la profesionalización y equipamiento de los elementos de seguridad pública, fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de los Municipios, Comunidades Indígenas, instancias estatales, Cuerpos de Bomberos, prevención social de la violencia, las adicciones y la delincuencia”.
