Con 95% de los ciudadanos que consideran frecuentes los actos de corrupción, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), Michoacán se encuentra debajo de la media nacional con respecto a la confianza y credibilidad ciudadana, por lo que la Política Estatal Anticorrupción, que fue aprobada el pasado 14 de junio del presente año, busca marcar una ruta para la atención coordinada entre los órganos del Estado, y combatir de manera eficiente la corrupción.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, Elizabeth Vázquez Bernal, señaló que este primer documento propone cuatro ejes estratégicos: combatir la impunidad, fortalecer la cultura de la legalidad, garantizar la transparencia y el control de los recursos e impulsar la participación ciudadana.
“Estamos pensando en que si Michoacán de acuerdo a la ENCIG, aún se encuentra por debajo de la media con respecto a la confianza y credibilidad tendríamos que estar pensando que esta política sienta las bases en un corto mediano y largo plazo hacia construir un estado alejado a los hechos de corrupción y a las faltas administrativas”.
Precisó que la Política Estatal Anticorrupción estará basada en tres principios transversales, que es garantizar los derechos humanos con una perspectiva de género e interculturalidad; un gobierno digital entrelazado con un gobierno abierto, ya que a decir de la presidenta de este órgano, los más altos riesgos de corrupción se encentran en las ventanillas donde los servidores públicos prestan un servicio y donde se encuentra recurso en efectivo.
“Los más altos riesgos de corrupción se encentran en las ventanillas donde los servidores públicos prestan un servicio y donde se encuentra recurso en efectivo de ahí la trascendencia de hacer la interconexión con todos los trámites y servicios digitalizados, yo creo que aquí cada uno de nosotros debemos ser reproductores y multiplicadores de que sí el estado de Michoacán en las instituciones tienen una responsabilidad pero los michoacanos también tienen una gran labor y reto de informar y orientar a las personas para que hagamos el término de la cultura de la denuncia”.
Dentro de esta Política Estatal Anticorrupción destacan 24 prioridades de atención entre ellas, los trámites y servicios, las denuncias y sanciones, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia, la vigilancia social y la gestión documental.
