La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Amelí Gissel Navarro Lepe evitó adelantar cualquier criterio sobre la queja que presentó un particular contra el gobernado Alfredo Ramírez Bedollar, al señalar que se trata de un tema que ya está en estudio y análisis, y, por imparcialidad, no puede pronunciarse sobre el fondo.
Explicó que el caso, en el que se señala al gobernador de vulnerar los principios de imparcialidad y equidad previstos en el artículo 134 constitucional, al pronunciarse a favor de que una mujer sea gobernadora, ya pasó por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que es la autoridad encargada de la etapa de investigación, integración del expediente y audiencias, y que ahora corresponde al tribunal emitir la resolución.
“Los procedimientos sancionadores inician en el Instituto Electoral, que es quien lleva la etapa de investigación, de integración de expedientes, de audiencias, y una vez que pasan al tribunal es la resolución”, dijo.
Navarro Lepe señaló que, en términos de ley, en este tipo de procedimientos administrativos se revisa si hubo actos anticipados o afectación a principios de equidad. No obstante, insistió en que cada expediente debe analizarse conforme a sus particularidades. “Todos son temas complejos e importantes, porque en los detalles o en las particularidades del expediente es lo que tenemos que basarnos”, afirmó.
La magistrada reconoció que existen antecedentes de procedimientos sancionadores contra distintos niveles de servidores públicos, incluidos gobernadores, pero sostuvo que la resolución dependerá de lo que esté acreditado en el caso concreto. Añadió que el tipo de funcionario involucrado no cambia la forma en que el tribunal tramita o analiza un expediente.
Informó que el asunto al que se refieren “acaba de llegar” y que actualmente se encuentra en análisis en la ponencia de la magistrada Alma Bahena.
