Con la finalidad de garantizar condiciones de libertad y seguridad para que ambas actividades puedan ser realizadas sin que implique un riesgo a la vida, se realizó la firma de convenio para la “Implementación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” en el estado de Michoacán.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el problema de inseguridad y los altos índices delictivos, incluso que existen puntos ciegos y vacíos que no se quisieron ver desde antes y que concluyeron con agresiones contra activistas, periodistas y feminicidios, por ello, ofreció revisar y, en su caso, modificar la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, para romper viejos paradigmas y crear nuevos puntos de encuentro entre la sociedad.
“Hay que reconocer que el estado de Michoacán es uno de los estado en donde se tiene concentrado el índice delictivo en el tema de homicidios pero también donde tenemos la dificultad de amenazas, agresiones contra la libertad de expresión por parte de los que ejercer el periodismo. Yo diría que hagamos el último acuerdo, antes de implementar un mecanismo estatal, mandemos una iniciativa conjunta al congreso del estado, para modificar la ley y emitir un reglamento acorde a este nueva ley”.
En este sentido, el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, consideró que los niveles de violencia registrados particularmente durante los primeros 3 meses de este año, obliga al gobierno actual no solo a replantear sus acciones para fortalecer las medidas de acción sino también las de carácter preventivo, ya que al menos el 45% de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos son de parte de autoridades municipales en conjunto con grupos delictivos.
Asimismo, agregó que otro de los retos fundamentales es combatir la impunidad, ya que más del 90% de los casos de quienes cometen delitos contra este sector, no son castigados.
“Tenemos que asumir que la mayor parte de los agresores están vinculados de instituciones del estado, el 45% de las agresiones del que son objeto los periodistas y defensores de derechos humanos son autoridades del orden municipal, en contubernio con grupos delictivos, y eso va asociado al segundo reto porque lamentablemente tenemos un porcentaje superior al 93% de impunidad..
Finalmente, Ramírez Bedolla acompañado además por el fiscal, Adrián López Solís, y el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, pidió a los comunicadores tener confianza en el Estado para garantizar su protección en el ejercicio de su labor.
