El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM) ha atendido 31 denuncias relacionadas con conductas indebidas en distintos centros educativos de la entidad, las cuales derivaron en la separación laboral de las personas señaladas, informó su directora general, Mariana Sosa Olmedo.
De acuerdo con la funcionaria, 10 de los casos corresponden al nivel de educación media superior, 14 a educación superior y siete más a escuelas normales y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, los cuales fueron recibidos tanto en los propios planteles como directamente en el instituto, de manera firmada o anónima.
Sosa Olmedo explicó que, una vez que se presenta una denuncia, el IEMSySEM activa un protocolo que incluye la notificación por escrito a la institución donde labora la persona señalada, a la que se le solicita un informe sobre el conocimiento del caso y las acciones adoptadas, con un plazo de tres días para responder.
Con base en esa información, el instituto determina el curso a seguir, que puede incluir la canalización a instancias como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Secretaría de la Mujer, además de verificar que las medidas informadas por los planteles se cumplan efectivamente.
“De los casos que han llegado al instituto, todos se han resuelto con la separación de la persona de su desempeño laboral”, indicó.
La titular del IEMSySEM señaló que en algunos casos ha acudido personalmente a las instituciones educativas para informar a estudiantes y docentes sobre las acciones emprendidas, sin proporcionar detalles que puedan interferir con los procesos legales.
Como ejemplo, mencionó un caso registrado recientemente en el IPSET, donde tras la presentación de una denuncia formal por parte de una estudiante, otras jóvenes y docentes también manifestaron haber sido víctimas de la misma persona, quien fue removida del cargo y cuyo caso se encuentra en investigación ante la Fiscalía.
“Después de que hubo una denuncia firmada, otras jóvenes y docentes empezaron a señalar ser víctimas de la misma persona”, expuso.
Añadió que en un caso similar ocurrido en la UPN, plantel Zitácuaro, la persona señalada negó los hechos, pero durante el proceso inició su trámite de jubilación, lo que derivó en su salida de la institución.
Finalmente, Sosa Olmedo afirmó que estas acciones han contribuido a generar un entorno de mayor confianza en las comunidades escolares, donde las personas agraviadas se sienten respaldadas para denunciar y alzar la voz.
