El 31 de enero se retomará la Mesa de Gobernabilidad de cara al Proceso Electoral con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, partidos políticos, órganos electorales y autoridades en materia de seguridad, anunció el secretario de Gobierno de Michoacán, Elías Ibarra Torres.
Señaló que durante la mesa también se va a presentar al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que operará durante los comicios, pero del que rechazó dar a conocer el nombre.
“El próximo 31 de enero, llevamos la mesa, ahí se va a presentar ya el fiscal, que son atribuciones de un órgano autónomo de la Fiscalía, yo no tengo facultad para decirlo, es un varón con mucha capacidad y ahí estarán en esa mesa todos los partidos, el gobernador para firmar también el acuerdo con la Secretaría de Educación y los institutos políticos para instalar las casillas en las escuelas”.
Luego que el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores pidió que el Ejército y la Guardia Nacional sean los responsables de garantizar la seguridad durante los comicios, Elías Ibarra aseguró que se realizará el blindaje con los 3 órdenes de autoridad, ya que es lo que dará resultado.
Señaló que esta colaboración ha logrado disminuir de manera sustancial los índices delictivos en Michoacán y puso como ejemplo a los 3 municipios con mayor inseguridad al arranque de ese gobierno, que disminuyeron 40% el número de homicidios dolosos.
“La verdad, respetuosamente, comparados los números, yo no me canso de decirlo, han disminuido hasta 30% los homicidios dolosos, han disminuido las 3 ciudades que tenían altos índices delictivos, que era Morelia, Zamora y Uruapan, hasta un 40% las estadísticas, son muy frías, no nos gusta tener números positivos, más sin embargo, son indicios de que se ha avanzado y eso genera más turistas a Michoacán”.
Recordó que también ya se firmó el acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Coordinación del Sistema Penitenciario para que se puedan instalar casillas al interior de los penales, al precisar que no todas las personas privadas de la libertad han perdido sus derechos políticos, ya que no tienen sentencia definitiva y debe garantizarse su derecho a votar.
