Morelia, Michoacán. – A más de tres años del feminicidio de Frida Santa María, su madre, Patricia García, denunció que el caso sigue en la impunidad y exigió al Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, se desista de la acusación por homicidio culposo y ordene que se clasifique como feminicidio, tal como lo mandató un tribunal colegiado.
En un mensaje dirigido a la sociedad civil y a colectivos feministas, Patricia García recordó que el 18 de junio de 2022 su hija fue asesinada y que, pese a que la propia fiscalía reconoció en un inicio el caso como feminicidio, tiempo después reclasificó el delito a homicidio culposo, favoreciendo la defensa del acusado, Juan Pablo N., hijo y cuñado de políticos en la región de Sahuayo.
“Hace tres años que venimos exigiendo justicia para nuestra hija Frida Santa María. Tres años en los que el Estado ha sido cómplice de Juan Pablo N., quien es hijo y cuñado de políticos en la región de Sahuayo”, señaló la madre de la víctima.
De acuerdo con García, la dilación en los procesos judiciales y la falta de cumplimiento de las medidas dictadas por un tribunal colegiado han revictimizado a su hija y protegido al presunto feminicida. La Fiscalía General de Michoacán, agregó, devolvió el expediente a la Fiscalía Regional de Jiquilpan, donde nuevamente reclasificaron el delito a homicidio culposo con la intención de suspender el procedimiento.
La madre de Frida cuestionó por qué la fiscalía no ha indagado posibles amenazas a testigos, considerando que el feminicidio ocurrió en una fiesta con más de 200 personas presentes.
“Exigimos que el fiscal general, Carlos Torres Piña, se desista de la acusación por homicidio culposo y ordene que se clasifique como feminicidio, como lo ordenó el tribunal colegiado, y que no proceda la audiencia de suspensión provisional que ha solicitado la defensa del feminicida de mi hija para el 2 de septiembre”, reclamó Patricia García.
Colectivos feministas y defensores de derechos humanos han acompañado el caso, advirtiendo que la reclasificación del delito representa un grave retroceso en la lucha contra la violencia feminicida en Michoacán.
