Morelia, Mich., Integrantes del gremio periodístico en Michoacán exigieron a las autoridades de justicia actuar contra los responsables de Palacio de Gobierno, quienes se han negado a facilitar las imágenes sobre las agresiones que registró el dos de noviembre la periodista Dalia Villegas Moreno, cuando reportaba los disturbios cometidos al interior del inmueble oficial, tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.
La reportera -respaldada por las y los periodistas de Michoacán-, señaló haber sido víctima de violencia por parte del entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y de elementos de la Guardia Civil dentro del Palacio de Gobierno.
Durante el encuentro, recordó que ese domingo Villegas fue despojada de su equipo de trabajo y sometida físicamente mientras realizaba cobertura en una zona considerada de interés público.
Un día después, el reportero Rodrigo Sandoval también habría sido agredido por agentes estatales, al igual que otros comunicadores en los hechos del pasado 15 de noviembre, incidentes ocurridos en manifestaciones recientes, donde al menos seis resultaron afectados.
La reportera afirmó que la investigación se encuentra detenida debido a la falta de material videográfico del interior del recinto, mismo -que según indicó- habría sido eliminado pese a que fue solicitado “con oportunidad” por el Ministerio Público Federal. Consideró que la ausencia de esta evidencia limita la judicialización del caso.
Asimismo, periodistas destacaron que el pronunciamiento del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien anunció la investigación y separación del cargo a los policías que agredieron a quienes dieron cobertura a la marcha del 15 de noviembre, fue tardío y sin claridad sobre posibles procesos administrativos o sanciones al exsecretario Oseguera.
Las y los comunicadores exigieron que el Gobierno del Estado entregue los videos del Palacio de Gobierno requeridos por la FGR y pidieron a la autoridad federal actuar con firmeza para garantizar una investigación completa.
Subrayaron que las recientes agresiones vulneran tanto la libertad de expresión como el derecho de la sociedad a estar informada. Coincidieron en que el gremio enfrenta un escenario grave y llamaron a mantener unidad para exigir respeto y condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor periodística.
Villegas reiteró que continuará el proceso jurídico hasta sus últimas consecuencias, al considerar que se trata de un precedente relevante para proteger derechos fundamentales relacionados con la labor informativa.
Detalló que el 3 de noviembre presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR, por presuntas violaciones a la libertad de expresión y otros delitos derivados de los hechos.
La denuncia fue ratificada el 5 de noviembre y acompañada por peritajes médicos, psicológicos e informáticos, además de la recreación de la mecánica de hechos realizada el 7 de noviembre dentro del Palacio de Gobierno.
