La familia de Frida Santamaria, víctima de feminicidio, exigió implementar los protocolos y jurisprudencias necesarias para que se reanude de manera ordinaria el juicio por este delito, así como una investigación con perspectiva de género, en el caso de la joven, asesinada el 18 de junio del 2022.
Al señalar que el presunto responsable del feminicidio sigue en libertad, expresaron que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE,), como el Poder Judicial del Estado, han sido omisos, lo que ha permitido que sigan sin acceder a la justicia.
En enero pasado, la Fiscalía Regional de Jiquilpan que encabeza Alberto Padilla Ontiveros, reclasificó el delito, para pasar de feminicidio a homicidio culposo, decisión que fue impugnada y la SCJN le dio la razón a la familia de Frida, por ello, sus padres y el Colectivo MAPAS denunciaron que existe tráfico de influencias, pues el presunto responsable, Juan Paulo N, es hijo del expresidente municipal de Sahuayo, Alejandro Amezcua Sánchez y cuñado de Alfredo Anaya Orozco ex diputado federal y ex secretario de Desarrollo Económico, como habían alertado colectivas feministas.
Eduardo Santamaría, padre de Frida, denunció la indiferencia del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, que en el 2023 lo citó en Morelia, cuando estaría en Jiquilpan, y acudió a la capital del estado para escuchar de Carolina Rangel Gracida, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas que desconocían el caso.
Posteriormente, acudieron de nueva cuenta y solo les ofrecieron la posibilidad de acompañamiento jurídico, pero el presunto responsable sigue en libertad, mientras las autoridades federales no desechen dicho acuerdo.
Demandaron apegarse a lo que establece la ley, ya que en el caso de Frida Santamaria fue mandado a la Fiscalía de Asuntos Especiales donde se resuelven los “favores especiales”, y responsabilizaron Adrián López Solís de estar entorpeciendo el proceso para acceder a su derecho a la justicia.
