Las reformas electorales pretendidas por el Presidente de México –llamadas Plan B- traerán muchos perjuicios a la democracia mexicana, pero en esta ocasión, me quiero concentrar en una afectación muy importante para los gobiernos estatales y municipales, para los medios de comunicación que tienen convenios con los gobiernos y para las y los periodistas y/o comunicadores que tienen convenios con las instituciones de gobierno.
La reforma a la Ley General de Comunicación Social, aprobada el 27 de diciembre de 2022, en su artículo 26 establece lo siguiente:
Artículo 26.- Los Entes Públicos deben elaborar el Programa Anual de Comunicación Social considerando […]
El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.
¡Al buen entendedor, pocas palabras!Lo explico: El gobierno federal logró limitar la capacidad para que los gobiernos estatales y/o municipales inviertan en comunicación social, y eso hará que los gobiernos -sobre todos los de oposición a Morena- queden amarrados de manos para hacer las campañas o estrategias de comunicación de la forma que quieran.
De esta manera, el medio de comunicación que tiene convenio de comunicación con los gobiernos o los periodistas y/o comunicadores que tienen convenios, podrán quedar fuera de los presupuestos gubernamentales.
Con esta reforma, el objetivo del Presidente de la República ha sido debilitar a los opositores gubernamentales y en caso de que no prosperen las impugnaciones jurídicas a esta reforma, las cosas serán sumamente complicadas para los entes públicos, los medios de comunicación y comunicadores.
López Obrador sabe de la fuerza que tiene la comunicación; él mismo le ha apostado durante todo su gobierno a comunicar más que a otra cosa, por ello su interés de que sus opositores no tengan esta herramienta.
Por otro lado, las y los ciudadanos se verán limitados en su derecho a ser informados. Hoy lo que más se requiere en una democracia, es que los gobiernos informen, rindan cuentas y transparenten sus acciones, y esto lo pueden hacer en la medida que comuniquen más y mejor.
Por supuesto que a López Obrador esto no le importa. Es más, no le conviene. Lo sabe y por eso impulsó esta reforma electoral.
¿Qué sigue? Me parece que el gobierno de AMLO continuará pugnando por sus reformas antidemocráticas y los opositores tendrán que dar la batalla por la vía constitucional.
No está todo perdido para los opositores, pero sí creo que el gobierno federal autoritario avanza de manera perversa.
*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.
