Con un llamado a los diputados michoacanos a no hacer modificaciones a la iniciativa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó al Congreso del estado un paquete de reformas a 13 leyes y dos códigos estatales, con los que se busca agilizar los trámites para requerir legalmente a quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias y endurecer las penas a los deudores alimentarios en Michoacán.
El mandatario firmó la iniciativa ante diputadas, funcionarias estatales y colectivas feministas, a quienes recordó que esta propuesta de reforma refleja también las peticiones que recibió desde la campaña a la gubernatura, por lo que consideró indispensable que se apruebe tal y como se presenta.
“Esta reforma yo la puedo resumir en que es la reforma de cero tolerancia a las deudas alimentarias y a los deudores alimentarios. Es una reforma de avanzada, es la más avanzada del país, no hay otra en México como esta que estamos enviando al Congreso y que yo espero que no le hagan reformas, no le vayan ahí a ‘que este no, que este que ha’, porque luego pierde el espíritu.”
Ramírez Bedolla precisó que la iniciativa contempla modificaciones a 50 artículos, en los que se establece “como violencia y maltrato la ausencia de pensión alimenticia y vivienda adecuada”; la pena de prisión, que antes era de seis meses a tres años, ahora será de tres a cinco años y la multa aumentará de 50 a 200 días a 100 hasta 400 días.
La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González advirtió que, de aprobarse, se impedirá a deudores alimentarios ocupar cargos de servidores públicos en cualquiera de los tres poderes en el ámbito estatal y municipal.
“Esta reforma no sólo va a la prevención y la sanción de la deuda alimentaria, sino que erige como un mandato inapelable quien incumpla con su deber, quien se niegue a asumir su responsabilidad, quien eluda su papel en la sostenibilidad de una vida, no podrá acceder a cargos públicos, no podrá encarnar la representación del pueblo, quien en la intimidad de su hogar ha traicionado la primera de sus obligaciones, cuidar y alimentar”.
De acuerdo a las cifras oficiales, en Michoacán 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no reciben pensión alimentaria posterior al divorcio y cuando los padres se separan la problemática se incrementa, ya que en 3 de cada 4 casos no reciben nada.
Como integrante de la colectiva de Deudores Alimentarios, María del Pilar Lara Alfaro, informó que suman 402 mil madres michoacanas que sufren violencia económica, patrimonial, emocional, psicológica, vicaria y física, por lo que consideró que la reforma es un llamado a las autoridades y a la sociedad, para que dejen de ser cómplices de autoridades omisas.
Señaló que la lucha no termina aquí, ya que se requieren políticas públicas que garanticen a las mujeres y sus hijos acceso a la seguridad económica, además de que se implemente un sistema integral de cuidado en los municipios.
“Este gran paso debe ir acompañado de más políticas públicas que garanticen a las mujeres y a sus hijos el pleno acceso a la seguridad económica, a una vivienda digna, así como a los derechos a la educación, salud, nutrición y bienestar emocional. Además, es necesario un sistema integral de cuidado en los municipios”.
Una vez que la iniciativa se entregue de manera oficial al Congreso del estado, deberá remitirse al pleno y luego enviarse a comisiones para su discusión o aprobación, aunque también podría seguir el trámite directo a comisiones, si la presidencia a cargo de Juan Antonio Magaña de la Mora la ingresa como “iniciativa de dictamen”.
