Debido al desorden que encontraron al inicio de esta administración, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) no tiene el monto exacto de la deuda con proveedores, ya que hay pendientes de pago de otras administraciones que ni siquiera están registrados en el sistema del gobierno estatal, señaló a diputados michoacanos, el titular de la dependencia, Luis Navarro García.
Explicó que existen empresas que no tenían identificadas y han mostrado documentación comprobatoria de que se les adeudan más de 3 mil millones de pesos y tendrán que esperar a que les gane una demanda para reconocer el adeudo.
“Con proveedores no te puedo decir yo cuánto se les debe, porque ni en sistemas está, porque hay un proveedor al que se le deben más de 3 mil millones de pesos, que tiene los contratos, que tiene toda la documentación comprobatoria, pero que no está en la cuenta pública, entonces cómo le voy a pagar, él nos tiene que demandar y entonces lamentablemente podríamos reconocer esta deuda; no me atrevería a darte una cifra”.
En entrevista, explicó que el sistema del gobierno estatal arroja que el adeudo con proveedores asciende a 16 mil millones de pesos, pero tras depurar, conciliar y pagar pendientes, el monto real podría ascender a los 9 mil millones.
No obstante, señaló que su preocupación son empresas, como la responsable del C5-I en la administración de Silvano Aureoles Conejo que reporta pendientes de pago de renta de aeronaves, unidades y operación del Centro de Inteligencia, que no están registrados en la Cuenta Pública, por 3 mil 300 millones de pesos.
“El C5, a esa empresa se le contrataron rentas de aeronaves y se le deben sobre 600 millones, a esa empresa se les rentaron unidades y luego se le adquirieron esas unidades, son cerca de 1 mil millones a esa misma empresa, es el mismo empresario, y se le deben 1 mil 700 millones del C5, entonces al sumar todo esto estamos hablando de 3 mil 300 millones sólo a uno, y eso no está en la Cuenta Pública”
Señaló que tras las irregularidades detectadas, se han levantado actas administrativas y se notifican a la Contraloría estatal, que es la responsable de iniciar el procedimiento de responsabilidades o iniciar la denuncia correspondiente.
