Integrantes de la Colectiva Feminista MAPAS, denunciaron públicamente al psicólogo C.M.F. por el presunto delito de corrupción de menores que ocurrió en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM).
Una de las representantes de la organización, indicó que el incidente se registró en el plantel de Morelia y aunque el caso ya fue expuesto ante la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el momento no hay un avance y el acusado no ha sido rescindido de su cargo, solamente se le otorgó un permiso para ausentarse en tanto se realiza la investigación.
“Hacer público que el pasado 1 de febrero, hicimos llegar a la licenciada Yarabí Ávila, titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) un oficio donde solicitamos la suspensión del psicólogo con iniciales C.M.F. ya que se inició una carpeta de investigación en su contra como presunto culpable por el delito de corrupción de menores y de lo que eso resulte. Exigimos que la institución en la cual trabaja el presunto culpable, tome cartas en el asunto, porque sabemos de buena fuente que solicitó un permiso sin goce de salario, lo cual pone en riesgo la investigación”.
Detalló que el 1 de febrero se le hizo llegar un documento a la titular de la SEE, Yarabí Ávila González, para solicitar la suspensión del psicólogo y la respuesta del enlace jurídico de la dependencia remitió el documento al director general del CECyTEM, Víctor Báez Ceja, sin que hasta la fecha haya respuesta.
En este sentido, otra integrante de la colectiva feminista MAPAS, alertó que muchos casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes no se denuncian por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para pedir ayuda, por lo que exigió un sentido de corresponsabilidad de la sociedad y no ser omisos ante los agresores.
“Estamos exigiendo que por un lado se haga el trabajo de los servidores públicos y por otro lado asumiendo la corresponsabilidad que implica ser compañeras de otras adolescentes, niñas, mujeres y que las invitamos a ser corresponsables y que la sociedad no sea omisa y siga perpetuando ni discursos que las criminalice y más bien miremos a los que agreden y nos centremos ahí para que no le suceda ya a nadie”.
Aunado a ello, las feministas exigieron a las autoridades certeza y garantías para que este tipo de conductas no se repitan en ningún plantel educativo ni en ningún otro sector.
