Morelia, Michoacán.- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, denunció que detrás de la crisis de violencia en Uruapan existe una estrategia deliberada para dejar solo al presidente municipal Carlos Manzo, con el objetivo de debilitar su gobierno y manchar su nombre.
“Yo no sé si dolosamente y nacionalmente lo están dejando solo. Creo que tiene que entrar el Gobierno Federal, sobre todo a atender Uruapan, porque entre el gobierno estatal y el municipal no lo van a resolver por más posibilidades o ganas que tenga Carlos Manzo, si no hay recursos”, advirtió.
Valencia señaló que, aunque los delitos que se viven en Uruapan se clasifican como del fuero común, en realidad derivan de la operación de bandas del crimen organizado, por lo que la intervención de la Federación es indispensable.
“El problema de criminalidad que se vive en Uruapan no es nuevo. Tiene ya muchos años entre los 10 municipios más violentos del país (…) Mientras no haya una estrategia integral del Gobierno de la República, no se va a resolver”, puntualizó.
En ese sentido, cuestionó que se destinen 3 mil millones de pesos al teleférico de Uruapan, en lugar de reforzar la seguridad pública. “Si esos recursos se hubieran metido a la seguridad, te aseguro que ya estuviera resuelto el problema de criminalidad de Uruapan”, enfatizó.
El dirigente priista sostuvo que hay una estrategia política para golpear al edil. “Hay toda una estrategia nacional para dejarlo solo y que haya un vacío, y que Uruapan padezca. Buscan hacerlo quedar mal a toda costa, porque ven que Carlos Manzo va bien y está llamando la atención a nivel nacional”, subrayó.
Sobre los recientes operativos en Zirahuén, Valencia recordó que él mismo denunció con antelación la existencia de campos de adiestramiento y reclutamiento forzado en la Meseta Purépecha, aunque las autoridades estatales lo han negado. “Parece que la función del gobierno es negar la realidad de lo que está pasando”, acusó.
Finalmente, reconoció que el fiscal general Carlos Torres Piña apenas está tomando las riendas de una institución debilitada por seis años de inacción, y consideró necesario darle margen para hacer los cambios que requiere la Fiscalía.
