La diputada local del PRI, Daniela de los Santos Torres informó que los integrantes de la 75 Legislatura local optaron por no derogar los delitos tipificados como ataques al honor y a la propia imagen, al considerar que es un mecanismo legal que puede funcionar, aunque a nivel nacional solo Michoacán y Yucatán mantienen esta figura.
La derogación de este tipo de delitos, de acuerdo con la organización Artículo 19 ha sido objeto de diversas recomendaciones por parte de organismos internacionales, los relatores de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe conjunto el 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, exhortaron al Estado mexicano a “derogar la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y reformar los códigos penales de las entidades federativas para eliminar delitos que apliquen para criminalizar la libertad de expresión.”
En 2022, ante el Pleno del Congreso de Michoacán se presentó la propuesta de derogación del Código Penal de los delitos tipificados como ataques al honor y a la propia imagen; la diputada Belinda Hurtado, planteaba que siguiera por la vía civil, pero no ha sido aprobada.
A decir de la diputada local, Daniela de los Santos Torres sigue sin reformarse la ley y la decisión de no darle paso a esta propuesta obedece a qué se “necesita mantener está figura”; si bien admitió que es utilizado muchas ocasiones como mecanismo para “atacar la libertad de expresión” o como una forma de censura, la legisladora expresó se necesita tener algunos candados que impidan afectar la imagen de las personas por algún medio de comunicación.
“Lo querían despenalizar. También creemos que deben seguir penalizados porque si bien la información periodística es sana con sustento, puede haber casos que no y de quién se habla debe tener el derecho de defenderse”, comentó.
Consideró que si bien estos dos delitos tienen una línea muy delgada no se puede dejar en indefensión a las personas cuando se habla en una situación de periodismo, donde no hay sustento de las notas.
La propuesta enfocada en garantizar la libertad de expresión, según la propuesta, se hace “debido a este tipo de eventos, los periodistas también han enfrentado prácticas represivas que persisten en nuestro sistema político y que han buscado acallar sus voces desde el poder. La censura sigue siendo una fuerte tentación para quienes detentan el poder. Generalmente, son los propios gobiernos los que la aplican, imponiendo restricciones sobre qué información puede publicarse o no”.
Actualmente, estos dos tipos penales están solo en los estados de Michoacán y en Yucatán, donde las injurias y difamación en aquellos casos donde se difunda información que ataque a la moral, lesione derechos de terceros, falte al respeto de la vida privada de una o varias personas, provoque algún delito, tenga carácter sedicioso o de alguna otra forma perturbe el orden público, se siguen por la vía penal.
