Morelia, Michoacán.- Con la intención de combatir prácticas corruptas protegidas por servidores públicos, como los llamados “aviadores”, el Diputado Local del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García presentó una propuesta para penalizar, estas acciones de 2 a 5 años de prisión a quien se le compruebe, que recibe un sueldo de la nómina estatal y municipal, sin realizar ninguna actividad, además de castigar de igual forma al funcionario que promovió su contratación.
“La presente iniciativa tiene como finalidad que aquellas personas que consiguen contratarse en la administración pública, trabajen, desempeñando las tareas para las cuales fueron contratados, lamentablemente muchas de las personas que se contratan no cumplen con sus tareas, lo que nos interesa en este momento es sancionarlos en la esfera estatal y municipal y que los salarios o remuneraciones que han recibido indebidamente, los reintegren a las arcas estatales o municipales, ya que no han sido devengados por un trabajo, lo cual, es en sí, un ingreso ilícito”.
Gaona García fue claro en externar que durante años las administraciones abusaron de este método, donde los mismos funcionarios cobraban en diferentes nóminas, duplicaban funciones y hacían gala de costumbres como el nepotismo y el influyentismo, avalados por la opacidad y discrecionalidad a la hora de conocer al personal de las dependencias, lo cual a todas luces es corrupción.
“Es de dominio público que durante anteriores administraciones se dieron abusos constantes, donde funcionarios públicos se extralimitaban, cobraban varias veces sin laborar, se duplicaban funciones, y la gente que ingresaban, valiéndose de favoritismos, influyentísimo, amiguismo, nepotismo, y a la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos, también se ha hecho patente en la opacidad y discrecionalidad en la contratación de personal en la administración pública”.
Por tal motivo, el legislador petista presentó esta iniciativa al Código Penal para que se tipifique como delito, reciban castigos que inhiban estos procedimientos y disminuya su implementación, que lacera el servicio público y las arcas del Estado y sus Ayuntamientos.
