Al menos mil procedimientos administrativos de responsabilidades y 370 juicios en contra de servidores públicos de Michoacán prescribieron por falta de fundamentación y seguimiento de los casos, por lo que la Auditoría Superior de Fiscalización denunciará penalmente los delitos ante la Fiscalía Anticorrupción del estado.
El titular del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, explicó que ya prepara la querella correspondiente a la entrega-recepción, que ocupó hasta mediados de diciembre Artemio Zaragoza Tapia, como encargado de despacho, para deslindarse de responsabilidad por los hallazgos.
“Es un deslinde de mi persona hacia la anterior administración de la auditoría, porque debe de haber un responsable de quien dejó prescribir, debe haber un responsable de quién no fundó y motivó; debe haber un responsable de por qué no le dieron seguimiento, así mismo, debe haber un responsable de por qué no lo pusieron”.
Señaló que encontró un rezago de 5 mil expedientes, de los cuales, mil procedimientos de ejecución ya están prescritos y los otros están a punto de prescribir
“370 prescritos en juicio y procedimientos administrativos de responsabilidades están prescritos cerca, me atrevo a decir, cerca de mil”.
Aguirre Abellaneda, explicó que se prepara también una denuncia por las irregularidades que se cometieron en el tema de notificación, ya que “se hacía dolosamente”, debido a que notificaban personas no tituladas o que no eran abogados, lo que daba pie al inicio de un juicio por la integración de un mal expediente.
Informó que además ya se presentaron 8 denuncias contra personal de la Auditoría que prestaba servicio sin título profesional y cédulas falsas.
“Hemos presentado 3 denuncias por falta de título, 5 denuncias por cédulas falsas, y estamos preparando la denuncia general de la entrega-recepción”
El auditor superior señaló que “el 95% de los procedimientos se pierden en el Tribunal de Justicia Administrativa o en los juzgados federales”, debido a que no se fundamentaban ni se motivaban de manera correcta ante los órganos jurisdiccionales, por lo que a partir de lo correspondiente al 2017, se inició el área de investigación y sustanciación.
Consideró que esta problemática es consecuencia de “un error humano, pero es una falta de capacitación que nunca recibió la auditoría”, ya que nunca tuvo acompañamiento jurídico para fortalecer las observaciones que hacía a los distintos órdenes de autoridad y en el momento que llegaba a seguimiento no fortalecían las observaciones
