Morelia, Michoacán.- El Congreso del Estado, está obligado a construir conjuntamente con las organizaciones de mujeres una agenda legislativa de género que atienda no únicamente los problemas de representación paritaria a nivel político, sino otros tipos de discriminación de la mujer como por ejemplo, la inequidad salarial de género, la brecha educativa que todavía existe entre hombres y mujeres o la falta de representación paritaria en autoridades auxiliares municipales, ejidales o comunales; señaló la diputada local Cristina Portillo Ayala.
En el marco de la inauguración de la semana de capacitaciones virtuales de la colectiva nietas de las sufragistas, celebrada en las instalaciones del Congreso del Estado, la legisladora también conminó a las integrantes de esta organización a mantener una relación estrecha con el poder legislativo. “Con gusto asumimos sus planteamientos en materia de reformas jurídicas, pero quiero pedirles algo a cambio: acompáñenos, estén junto a nosotros, sean parte de esta nueva realidad igualitaria que queremos construir para las mujeres; no nos dejen solos a las diputadas y los diputados”.
La presidenta de la junta de coordinación política reconoció el legado del que son recipiendarias esta colectiva. “La larga lucha de centenas de años hoy tiene ecos por causas vestidas de distinto color, de otro matiz, con otra perspectiva, pero siempre con el mismo fin: la lucha por nuestra dignidad, por nuestra felicidad. Un viejo proverbio chino dice que las luchas son como círculos que se sabe dónde comienzan, pero nunca donde terminan.”, remarcó Portillo Ayala.
Finalmente, dijo que avances jurídicos como la Ley Olimpia, impulsada por las mujeres ahí agrupadas es un logro significativo en materia de actualización de la ley a la nueva realidad que han traído las tecnologías de la información. “La enorme lucha que ustedes han emprendido contra la violencia sexual cibernética es un ejemplo claro de como las organizaciones y la ley se adaptan a la realidad, puesto que son instrumentos que sirven para que sectores de la población vulnerados adapten normas y reglas a las exigencias de los nuevos paradigmas de convivencia social”, concluyó.
