Morelia, Mich.- El Consejo Supremo Indígena llamó a las comunidades originarias a ejercer su voto de castigo contra los ediles de Erongarícuaro y Ciudad Hidalgo, ante las acciones que desde sus administraciones municipales han realizado contra los pueblos originarios, quienes buscan llevar a cabo el ejercicio del presupuesto directo.
En rueda de prensa, también anunciaron que al menos 35 comunidades indígenas se sumarán al boicot que tienen previsto para el proceso electoral 2024, que consiste en impedir la instalación de casillas en estos lugares, así como la realización de campañas y la entrada de capacitadores que envíe el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
Pavel Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena, señaló que la convocatoria es para los pueblos y comunidades originarias, así como a los ciudadanos para que recuerden la historia, las intervenciones y engaños del “mal gobierno”, de los funcionarios públicos que han estado en contra de los procesos de autonomía de las comunidades originarias.
Pidieron no votar por Juan Calderón Castillejo, actual presidente municipal de Erongarícuaro, quien recordó, estuvo en contra del autogobierno de la comunidad de Jaracuaro impugnando hasta 18 veces su autodeterminación y posteriormente de forma violenta impidió la consulta en la comunidad de San Francisco Uricho.
Llamaron a no votar por José Luis Tello Marín, actual presidente municipal de Hidalgo, quien aseguró, se niega reiteradamente a transferir el presupuesto directo a la comunidad otomí de San Matías El Grande, pese a que ha ganado ya todos las sentencias y se niega a acatar las leyes, así como a reconocer su autodeterminación, además de que, de manera ilegal y arbitraria, suspendió aquí los servicios básicos de seguridad, recolección de basura y de salud.
Además, hicieron una denuncia contra el encargado estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Celerino Felipe Cruz, ya que ha estado constantemente en contra de las autonomías, además de retrasar hasta por dos meses la entrega de la constancia de la comunidad indígena, requisito impuesto para lograr la entrega de recursos directos.
En este sentido, calificaron a los tres funcionarios como traidores de los pueblos indígenas y personas no gratas para las comunidades originarias, así como transgresores de los derechos humanos y colectivos.
