El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se pronunció por endurecer “más” las restricciones para quienes aspiran a postularse como candidatos en 2027, de tal manera que se establezca la prohibición no solo a quienes son señalados por actos de corrupción y delincuencia, sino que hayan sido inhabilitados.
Recordó que “vetó” la reforma que aprobó el Congreso de Michoacán para eliminar la carta de no antecedentes penales a quienes buscan un cargo de elección popular, ya que no lo publicó en el Periódico Oficial del estado y lo regresó a los diputados para que vuelvan a analizarlo.
“El Congreso del estado había quitado el requisito, ¿se acuerdan?, ¿de dónde se les ocurrió? Pero quitaron el requisito de la Carta de No Antecedentes Penales y no lo dudé, veté la decisión del Congreso del estado, en automático u creo que debemos aún endurecer más el tema contra selección de candidatos que tengan corrupción o delincuencia. “
A pregunta expresa sobre la posición de la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien advirtió que no se permitirán gobiernos corruptos, el mandatario estatal recordó que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo compitió en 2024 por una diputación federal pese a que estaba inhabilitado y su sanción había quedado en firme.
Recordó que el perredista no entregó su declaración patrimonial final, por lo que la Secretaría de la Contraloría lo inhabilitó, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le restó importancia al tema y permitió que participara en la contienda.
“En la elección del 24, Silvano Aureoles compitió por una diputación federal. Y estaba inhabilitado por la Contraloría del Estado por no haber presentado su declaración patrimonial final. Imagínense que un gobernador, un presidente municipal, no presente su declaración patrimonial final, pues estás ocultando algo. Y lo inhabilitó el Tribunal y la Contraloría, pero el Tribunal Federal Electoral dijo que peso no importaba, y lo dejó ser candidato, perdió 2 a 1, qué bueno”
Ramírez Bedolla, consideró que esta determinación del órgano jurisdiccional es similar a permitir que una persona con una orden de aprehensión participe como candidato.
