Pese a ser compadre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el auditor Superior de Michoacán, Marco Antonio Bravo Pantoja negó que exista conflicto de interés al resolver los casos del Ejecutivo; señaló que no se trata de política de pasillo sino de “rendición de cuentas” y su trabajo se refiere a instituciones, no a personas
Entrevistado tras rendir protesta al cargo por segunda ocasión en casi dos años, aclaró que su designación estuvo a cargo del Congreso local y no del gobernador.
“Bueno, en este caso mi nombramiento fue otorgado por el poder Legislativo, es decir, por el Congreso. Y la ley me faculta en este sentido a poder auditar a todos los poderes incluido el Ejecutivo. Y nosotros actuaremos siempre con responsabilidad porque no se trata de personas, se trata de las instituciones en este caso. Y esto no debe ser política de pasillo. Esto es rendición de cuentas”.
Bravo Pantoja dejó ver que no se ha excusado de ningún caso relacionado con el Ejecutivo, seguro de que no podría derivar en una controversia legal ni violentaría su marco deontológico.
“Vuelvo a repetir lo mismo, en este caso nosotros tenemos que cumplir la ley y la haremos cumplir en todo momento, a cabalidad; generaremos ese respeto a la ley y sobre a la obligación que yo tengo, que me mandataron”.
Cuestionado sobre el trabajo al frente del órgano fiscalizador durante los más de 19 meses que se desempeñó como interino, informó que se promovieron al menos cuatro denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción del estado por las presuntas irregularidades que detectó en la gestión de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, aunque rechazó señalarlo directamente.
Precisó que encontraron una deuda de cerca de 27 millones de pesos, derivado que no se había cumplido con el pago de impuestos, además de que encontraron expedientes que prescribieron sin que se hubiera ejercido una acción legal y otros que no se encontraron, pese a que se encontraban en la lista de “entregas y recepciones”.
