La suspensión provisional concedida al exgobernador Silvano Aureoles Conejo para no ser privado de la libertad, aprehendido, citado o llamado a comparecer por la autoridad, es un caso “muy claro” de corrupción del Poder Judicial Federal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Cuestionada sobre esta resolución, consideró que el juez “no tendría” motivos para declarar la suspensión, luego de que la orden de aprehensión fue dictada por la probable responsabilidad del exmandatario en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, por más de 3 mil 412 millones de pesos, destinados a la construcción de 7 cuarteles de la Policía Michoacán.
“Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría —y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes, incluso de que nosotros entráramos—, no tendría un juez por qué haber dado esta suspensión”.
De acuerdo a la información pública del expediente 348/2025 difundida por el Consejo de la Judicatura Federal, el 21 de abril del 2025 Silvano Aureoles Conejo solicitó el amparo directo contra los siguientes actos:
Orden de aprehensión y/o reaprehensión. b) Orden de detención. c) Orden de arresto. d) Orden de comparecencia (judicial). e) Su respectiva ejecución.
El exmandatario argumenta violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, que establecen las bases fundamentales para la protección de los derechos humanos, el debido proceso legal y la seguridad personal.
El juez fijó una garantía de 52 mil pesos para hacer efectiva la medida, que fueron depositados este 24 de abril en moneda nacional, en una sucursal de Bansefi.
La audiencia para resolver de fondo la solicitud de amparo se realizará el próximo 29 de abril a las 11:05 horas.
También se tiene orden de aprehensión pendiente contra los exsecretarios de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, así como del exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez.
Por su presunta responsabilidad en los mismos delitos, fueron detenidos el exsecretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza; el exsecretario de Seguridad, Juan Antonio Bernal Bustamante y los exdelegados administrativos, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda
