Morelia, Mich.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, acusó que la entidad además de no atender los protocolos de Estambul para prevenir la tortura y tratos degradantes, carece de una ley en la materia.
En entrevista, precisó que no se cuenta con el personal suficiente en las instituciones y todos los estados del país, con excepción de Jalisco y Estado de México, no tienen cuerpos periciales independientes, sino que siguen dependiendo de las fiscalías para investigar los casos de tortura a pesar de que la Corte Interamericana ha hecho estas recomendaciones sobre el tema.
“Donde los peritos no tengan o no dependan de la autoridad que investiga, de la autoridad que practica y que sigue la persecución del delito. Ni nosotros mismos las comisiones por sí mismas no tenemos la capacidad operativa para llevar a cabo el protocolo”, sostuvo.
Precisó que básicamente hay una unidad en la Fiscalía General del Estado (FGE), pero no goza de los elementos y de lo esencial que es la autonomía e independencia de estas áreas, como lo dice la Corte interamericana.
Agregó que en Michoacán se tienen 25 quejas no propiamente por tortura, sino por el uso excesivo de la fuerza en la investigación del delito, en las que es complicado identificar las conductas por la narrativa de los quejosos y por la procedencia de los hechos, y sobre todo por la incapacidad que tienen particularmente las comisiones de Derechos Humanos para identificar este tipo de situaciones.
A esto se suma que Michoacán no cuenta con una Ley para Prevenir y Erradicar la tortura, se derogó y no se ha aprobado una nueva legislación, lo que representa un problema en materia de derechos humanos, por lo que sostuvo que es importante que el Congreso analice si procede emitir una nueva ley para prevenir y erradicar no solo la tortura, sino los tratos crueles inhumanos y degradantes que son diferentes a la tortura.
Indicó que en el caso de tortura, no se puede actuar con la ligereza que se hacía en otras ocasiones, al destacar que se tiene una convención para evitar los tratos inhumanos y degradantes y la tortura, a través del protocolo de Estambul, que señala varias etapas, desde tener el personal médico, psicólogos y trabajadores sociales que ayuden precisamente a lograr el análisis de contexto en que se dan estos hechos.
