A prácticamente 3 años de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla “destapó” un posible “fraude” por más de 4 mil millones de pesos en la construcción de 7 cuarteles durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, sigue la investigación de la Fiscalía General de la República.
El mandatario estatal explicó que, sin embargo, esto no es un impedimento para que se utilicen dichos inmuebles, como el Cuartel Valladolid de Morelia, al señalar que se encuentran “depositados” en la administración estatal y pueden utilizarse sin que esto entorpezca la indagatoria ministerial.
“Continúan las denuncias, eso no quiere decir que no los podamos ocupar, estos cuarteles se encuentran de alguna manera depositados al gobierno del estado, pero en la FGR están bajo un concepto denominado aseguramiento; no quiere decir que no los echemos a andar; aquí hubo un fraude por cerca de 4 mil millones de pesos, que investiga la Fiscalía General de la República de la administración pasada”.
Ramírez Bedolla explicó que pese a siguen las denuncias, se optó por utilizar el inmueble ya que es necesario para brindar el servicio la Guardia Civil, que a su vez atendería a 1 millón de personas de la zona conurbada de Morelia y 14 municipios.
De igual forma, precisó que administración sí aportó una inversión, “aunque no muy grande”, para el equipamiento y que pudiera operar.
“No es una situación de inversión muy grande, pero sí hay algún equipamiento sobre todo en área de cocina donde se hizo la inversión para que pudiera operar, sobre todo en el tema eléctrico, para que se tenga la capacidad de luz, con la Comisión Federal de Electricidad, pero ya está funcionando”.
Ramírez Bedolla hizo público el presunto fraude cometido en el gobierno anterior el 24 de noviembre del 2021, en la construcción de 7 cuarteles de la Policía Michoacán.
Detalló que se invirtieron más de 5 mil 186 millones de pesos con sobreestimación de costos en compra de terrenos, contrataciones por arrendamiento y mantenimiento adjudicados a la empresa Inmobiliaria DyF S.A. de C.V.
Informó que se pagó 7 veces el proyecto ejecutivo, además de contratar servicios a una empresa que no contaba con la propiedad real y material de los inmuebles en 7 cuarteles policiales establecidos en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
