Morelia, Mich.- El partido Michoacán Primero que dirige Antonio Plaza Urbina, acudió ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado para presentar una denuncia y pedir juicio político en contra de los diputados que votaron a favor de derogar el decreto 461 con el que se designa a Marco Antonio Bravo Pantoja como auditor.
Luego de que el juzgado séptimo ordenara al Congreso llevar a cabo la derogación de este decreto, pero no se hizo a través del proceso legislativo sino por medio de un acuerdo generado al seno de la Junta de Coordinación Política, el líder partidista dijo que se cometió una violación a la ley de procedimientos del congreso.
Destacó que además se nombró a Marco Antonio Bravo Pantoja como auditor interino, cuando dicha figura no existe en la ley de Fiscalización del Estado de Michoacán.
En entrevista explicó que es “iluso” pensar que los diputados darán seguimiento a este tema, sin embargo, dijo que es necesario sentar precedentes sobre la actuación de los legisladores.
“Sabemos que estamos presentando la denuncia ante los propios denunciados, no es que desconozcamos y seamos ilusos, pero también debe quedar constancia de que los integrantes de la Junta Coordinación Política cometieron por lo menos dos violaciones graves a la ley y a la Constitución del Estado”, manifestó.
Entre las violaciones que consideró se cometieron, la primera de ellas tiene que ver con que “crea” la Junta de Coordinación Política que puede dejar sin efectos un decreto, porque equivale a que los integrantes pueden derogar una ley o pueden modificar un nombramiento, pueden hacer cosas que le están exclusivamente reservadas a los diputados como Congreso en pleno y se adjudican una representación lo que consideró “es gravísimo”.
La segunda violación dijo es que están designando un auditor superior interino, figura que no existe en la ley y que existe una previsión legal clara en la Ley de Fiscalización de cómo se suplen las faltas del auditor superior, “hay una prelación entre los auditores especiales que dice quiénes ocupan el cargo, de hecho Marco Bravo así llegó a ser encargado de despacho siguiendo la prelación que establece la Ley de Fiscalización, ahora correspondería a la auditora especial ocupar el despacho como encargado en tanto se resuelve el amparo y el nombramiento”, subrayó.
Mencionó que ambas violaciones son materia de un juicio político y lo que se tiene que hacer es dar conocimiento a la ciudadanía y no pueden quedar impunes estas acciones.
