El Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda rechazó haber incumplido con el mandato del Congreso del estado en cuando al programa de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 y consideró que, por un interés político, no jurídico, el pleno legislativo avaló el dictamen que elaboró la Comisión de Presupuesto, donde se estableció que incumplió con el mandato y ordenó se aplique una auditoría externa al órgano a su cargo.
En entrevista, el responsable de la Fiscalización estatal rechazó que no se hayan auditado dependencias como la Secretaría de Educación, los cuarteles de la Policía Estatal que se ejecutaron a través de Seguridad Pública, o la Secretaría de Salud, al precisar que incluso de los resultados de su trabajo, los propios legisladores cuantificaron el monto de las observaciones.
“Fiscalizamos todos los entes y cumplimos al 100% lo que nos mandató el Congreso, están fiscalizados, tanto la Secretaría de Educación como la de Seguridad Pública, y le estoy diciendo que hay posibles observaciones en los cuárteles que desarrolló Seguridad Pública”.
Señaló que los propios diputados le dan la razón, ya que en el dictamen de la Cuenta Pública precisaron que el monto fiscalizado es del 4.80% del presupuesto estatal ejercido ese año, mientras el 95% del recurso del 2021 fue de origen federal y fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que concluyó observaciones por más de 13 mil millones de pesos.
Aguirre Abellaneda, precisó también que se debe cuidar el debido proceso y notificar a los exfuncionarios a través de los datos que han proporcionado las contralorías internas de cada dependencia, que le han informado que no viven en Michoacán.
En cuanto al mandato del Congreso del estado para que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora, realice una auditoría del órgano a su cargo, con auditores y supervisores externos, consideró que es consecuencia de un criterio político de los legisladores.
Explicó que la misma Unidad ya realizó las revisiones respectivas en 2020 y 2021, además de que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya hizo la revisión respectiva, e incluso ya se desvanecieron las observaciones.
Recordó que la ASM ejerce recursos federales y el Congreso del estado mandata que se realice una revisión de este presupuesto, cuando carece de facultades para ello.
“Están operando precisamente diciendo que no puedo revisar recursos federales aún con mandato del Congreso, pero ellos dicen “revísenle los recursos federales”.
La cuestión de la Auditoría yo la veo más como un acto político que un acto realmente de fiscalización, no lo vemos como un acto de transparencia.”
El funcionario anunció que enviará los oficios correspondientes donde les aclara a los diputados que la auditoría sería ilegal y que no se le otorgó el derecho constitucional de la audiencia para desvanecer las posibles observaciones.
