Un total de 20 mil millones de pesos, de presuntas irregularidades penales y administrativas tiene en proceso actualmente la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Michoacán (SECODAEM), informó su titular, Azucena Marín Correa, quien explicó que los recursos fueron ejecutados del 2017 al 2021, durante la administración de Silvano Aureoles Conejo.
En entrevista calculó que del total, cerca de 11 mil millones de pesos corresponden a las 17 denuncias presentadas ante las Fiscalías General del Estado (FGE) y General de la República (FGR) contra cerca de 60 ex funcionarios.
“Nosotros tenemos presentados o estamos trabajando en investigación aproximadamente 20 mil millones, pero son de varios ejercicios, no solo de uno, estaba comentando que 2017, 2018”.
La contralora del gobierno de Michoacán informó que de seguridad pública son 4 mil millones de pesos, pero también existen irregularidades detectadas en salud, turismo y economía.
Aseguró que en lo que corresponde a la SECODAEM, cerca de 20 exservidores públicos ya fueron citados y comparecieron en el caso de las faltas administrativas no graves, por lo que descartó que no conozcan los señalamientos que hay por su desempeño en el gobierno anterior.
“En el caso de autoridades que me toca a mí ver las faltas administrativas no graves, nosotros ya los citamos, ya comparecieron en algunos casos no te puedo dar nombres pero ya están notificados, algunos que dicen que no, pues sí, pero la parte penal la tiene que notificar la parte de las autoridades que ya tienen las carpetas, ya la notificación no la hacemos nosotros”.
Marín Correa descartó señalar si ha llamado o no a comparecer al ex mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, pero aseguró que legalmente sí es posible fincar responsabilidades a gobernadores.
“Es posible requerirlo, no te puedo hablar del proceso en sí, pero es posible requerirlo. (…) No necesitamos como funcionarios firmar un documento, también existe la omisión, en general, no estoy hablando de una persona. Hay delitos por omisión, hay faltas administrativas por omisión, no vigilar, no supervisar, porque la ley nos obliga”.
