Los trabajadores de la educación del grupo magisterial, Poder de Base no rendirán la declaración patrimonial y de intereses que mandató el Gobierno Federal desde 2019 y que tuvo como fecha límite el 31 de diciembre del 2021.
Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general del ala disidente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), estableció que no otorgarán ninguna información hasta despejar dudas y valorar si transitan, o no, por este requisito federal.
La justificación, es que no saben a qué instancia gubernamental se debe presentar la declaración patrimonial. Formatos y documentos que nunca se les hicieron llegar por el patrón, en este caso, la Secretaría de Educación del Estado (SEE).
“Nuestro planteamiento concreto es tener la información de manera directa con las instancias correspondientes. Pedir la información, hacer nuestras valoraciones y determinar si esta declaración se desarrolla o no”
A este 5 de enero, sentenció que esta ala sindical no permitirá sanciones a quienes aún no realizan la declaración de datos generales y de bienes inmuebles, al no tener certeza de qué manera utilizarán su información personal.
“Queremos dejar en claro, como sección XVIII ante esta falta de información para tomar una determinación, no permitirá que se emita una sanción, tanto para los que la hicieron y para quienes no”
