El candidato a la gubernatura del estado, Carlos Herrera Tello y los representantes jurídicos del Equipo por Michoacán, advirtieron el riesgo de que el “juicio madre” por el que exigen la nulidad de los comicios sea resuelto con criterio político y no jurídico, ante la presión que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los que consideraron “a prueba”.
Sin embargo, aclararon que aún no empieza siquiera la revisión por lo que las resoluciones de los juicios distritales y municipales que les han sido adversos, no tienen relación alguna con la impugnación principal.
“Cuál es la prisa, nuestro compromiso será siempre respetar la ley, entiendo que hoy, los tribunales tanto estatal como federal se van a encontrar a una gran presión y ya están bajo una gran presión, pero para eso están, para los momento difíciles y delicados que determinan la vida de un estado y un país”.
Los integrantes de la Alianza se refirieron también a la determinación de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que expuso este 28 de julio que PRD, PAN y PRI no lograron acreditar la violencia como uno de los argumentos para no presentar el juicio de inconformidad contra la votación de gobernador en el Comité Distrital de Múgica.
El representante jurídico de Acción Nacional, Javier Mora Martínez explicó que se tomó la decisión para no poner en riesgo a ninguna persona y precisó que se ha mediatizado la violencia como el principal elemento para exigir la nulidad de la elección, cuando hay otros argumentos.
“Yo creo que ha sido muy mediatizado el hecho de la violencia, pero no es ese el tema fundamental en el juicio madre, me voy a referir a 2 aspectos, hay una intervención clara de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República que violenta el artículo 134 constitucional, en sus párrafos séptimo y octavo, y en el cual, la Sala superior ya ha estado sancionando diversas mañaneras por la intervención en el proceso electoral, incluso ha habido personal de la presidencia”.
Explicó que existen precedentes claros sobre los efectos que puede tener la intervención de una autoridad en el proceso electoral.
Recordó que en 2015, se anuló la elección de Sahuayo tras acreditarse la intervención del tesorero municipal a favor del PAN y ese mismo año en Aguascalientes se anuló un distrito federal por la intervención del gobernador a favor del candidato ganador.
