El Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, presentó finalmente su propuesta para la implementación de una política pública estatal que erradique este fenómeno, que es considerado el segundo problema prioritario para los michoacanos, luego de la inseguridad o el desempleo, mientras que el estado se ubica en el noveno lugar en corrupción en el país.
De acuerdo a la presidenta de dicho organismo, Rosmi Bonilla Ureña, la propuesta del estado fue catalogada por el Sistema Nacional Anticorrupción, como la tercera mejor elaborada en México, luego de Jalisco y Yucatán.
Elizabeth Vázquez Bernal, integrante del Comité Ciudadano, explicó que los datos que sustentan el trabajo fueron recopilados durante cerca de 3 años a través de 5 encuestas, el desarrollo de un laboratorio anticorrupción, foros regionales y consultas en línea a académicos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial.
Tras esta labor, se concluyó que, si bien, Michoacán se ha ubicado en los primeros lugares de transparencia, los índices de corrupción no han disminuido.
“En Michoacán, de acuerdo a nuestros trabajos de estos años, una de las principales prácticas es el soborno con un 76%, y el enriquecimiento oculto con un 73%m, luego seguido por el nepotismo y tráfico de influencias, estos datos recabados y que ustedes tienen en pantalla, es decir que el 90% de quienes participan en estos trabajos, perciben que son frecuentes los actos de corrupción en Michoacán”.
Con objetivos trazados a 3, 6 y 10 años, la propuesta del Comité Ciudadano se convertiría en la primera política pública estatal anticorrupción que ha seguido todos los pasos que se marcan el Sistema Nacional en la Materia.
Para ello, se plantea como ejes centrales combatir la impunidad, a través de fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana y de protección al denunciante; impulsar la participación ciudadana; mejorar la cultura de la legalidad, así como garantizar la transparencia y el control del ejercicio de los recursos públicos.
La propuesta debe ser aprobada por el Comité Coordinador, a fin de que pueda presupuestarse y definirse los programas específicos que se requieren para su implementación.
