Fuera del plazo legal, integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso de Michoacán dictaminaron la madrugada de este 1º de mayo, el informe de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al 2018, con votación dividida de los legisladores del PRD, PRI, PAN, Morena y Partido del Trabajo.
De acuerdo a la Constitución del Estado, los diputados están obligados a fiscalizar los recursos a más tardar el 30 de abril, pero el dictamen se concluyó en las primeras horas de este viernes.
El documento integrado por la comisión de Presupuesto que encabeza el diputado del PRD, Norberto Martínez Soto sólo consideró a cuenta dictaminada, pero sin aprobar o reprobar el trabajo realizado por el órgano fiscalizador o el desempeño de las dependencias o unidades programáticas auditadas.
Sin embargo, en el desarrollo del contenido, sí se precisó que en el informe entregado al Congreso y a partir del cual se realiza el dictamen, la Auditoría Superior de Michoacán no manifestó una opinión sobre si la cuenta que entregó el gobierno estatal contiene la información suficiente y competente, ni tampoco precisa si observa la normatividad para que refleje de manera razonable o no la situación financiera de gobierno.
En el análisis del informe, no se detallan todos los hallazgos, por ejemplo, en el caso de la deuda pública sólo se precisa “que se identifican áreas de oportunidad respecto a la falta de documentación”, pero no hay mayores detalles.
Los legisladores también encontraron deficiencias y omisiones de algunas entidades por la falta de información financiera para efectos de la consolidación de la Cuenta Pública e instruyeron a la Auditoría Superior de Michoacán que les detalle los procedimientos instaurados, así como las medidas de apremio aplicados a los servidores públicos de las entidades que fueron omisas.
También se precisa que la consolidación de los estados financieros se realizó de manera parcial respecto a las entidades paraestatales y organismos autónomos por lo que se incumple la ley de Contabilidad Gubernamental.
En el caso del poder Ejecutivo precisa que no integró las evaluaciones de los recursos federales ministrados ese año; mientras el Poder Legislativo no consideró el formato de pasivos contingentes ni de esquemas bursátiles, bienes muebles o inmueble o cuentas bancarias específicas.
Por su parte, el Poder Judicial no informó el método y tasas de depreciación de bienes y no desagrega cuentas por cobrar, así como periodos de vencimiento.
