Por mayoría, el Congreso de Michoacán exhortó al gobierno federal a implementar un programa de emergencia que contrarreste los efectos del COVID-19 en la economía nacional y llamó a los 113 ayuntamientos a poner en marcha una estrategia de atención a las personas en situación de calle y a los sectores vulnerables.
A propuesta de la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Saucedo Reyes, el pleno legislativo avaló la urgencia de que la Secretaría de Hacienda tome medidas ante la depreciación de la moneda mexicana, y el desplome irracional del precio del petróleo que se registran en la actualidad.
La legisladora planteó que “el gobierno mexicano no ha adoptado las políticas públicas y las medidas de salud que realmente funcionen y que deberían de implementarse para detener el brote de la epidemia en diversas ciudades ni tampoco se está reflejando en los programas de emergencia económica para atenuar el efecto de la epidemia en la economía”.
Señaló que en consecuencia se requiere: Implementar una política de gasto contracíclica, que considere un aumento en el gasto de inversión pública en coordinación con estados y municipios; poner en marcha un programa de garantías de la banca de desarrollo para las empresas PyMES mediante la participación de los bancos comerciales y fomentar las economías locales.
En relación a los ayuntamientos michoacanos, señaló que a la fecha, el gobierno mexicano no ha implementado las medidas necesarias para evitar el brote de COVID-19 a la población vulnerable, que no tiene un hogar o familiar donde aplicar la estrategia de Quedarse en Casa.
Por ello, se exhortó a las 113 autoridades municipales para que en el ámbito de su competencia implementen un plan de atención para este sector que contemple un albergue o refugio temporal, aplicación de programas sociales a quienes habiten estos lugares, atención médica gratuita y protocolo de detección de COVID-19.
